Cuando se habla de minería ilegal en Colombia, se relaciona inmediatamente con el carbón. Sin embargo, es el oro el principal protagonista de esta situación, la cual ha generado un grave problema que tiene preocupado al nuevo gobierno.

El viceministro de Minas, Luis Madriñan, dijo a La Opinión que la extracción ilícita de minerales ha acabado con 209.000 hectáreas, principalmente en Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño; solo en Chocó son más de 50.000 hectáreas, especialmente en áreas de reserva del río Atrato, “en donde no debería haber minería”. 

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“También áreas de comunidades afro, de resguardos indígenas y parques nacionales son las más afectadas. En Norte de Santander hay afectaciones –por la explotación ilegal de carbón-, pero afortunadamente son pocas”, agregó Madriñan.

Afirmó que el panorama no solo es una simple cifra, porque, si alguien tuviera que caminar 8 horas al día sin parar, le tomaría 2.3 años recorrer toda la zona destruida por la minería ilegal. 

“No es que ‘tengo una retroexcavadora y tengo mi derecho al trabajo’, como dicen. Tú no puedes acabar con el derecho a la vida o un ambiente sano, con todos esos procesos de destrucción… Hoy, el 75% de la minería es ilegal y es lo que la población asocia con minería, pero es mucho más que eso: progreso, desarrollo y el motor que mueve a Colombia”, agregó el funcionario.

El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), Carlos Cante, recalcó que el gran problema en la ilegalidad es el oro, por sus grandes extensiones, cuya explotación informal afecta los ríos por la contaminación con mercurio, pero “no es menos cierto que hay también una situación en el sector carbón, que es muy cíclica”. 

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“En la medida en que se incrementa la demanda y mejoran los precios, la minería tanto ilegal como informal se incrementa. Esa ilegalidad, que se mezcla también con la informalidad, afecta mucho la condición del empresario formal. Tenemos que seguir trabajando en la formalización, en el reconocimiento de la importancia de la pequeña minería dentro de la cadena”, añadió Cante.

El líder gremial indicó que, aunque hay una mayor responsabilidad del Gobierno en la implementación de las políticas públicas, también es del empresariado, porque “muchos de esos carbones terminan en nuestros barcos” para exportación. Dijo que se debe hacer un ejercicio de trazabilidad enorme para garantizar que cada tonelada tenga una huella de legalidad indeleble.

En el marco de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, desarrollada en Bogotá por Fenalcarbón y que terminó ayer, el economista reiteró que solo la entrega de un título minero no resuelve la informalidad, sino que se requiere más acompañamiento, sobre todo en la gestión ambiental, debido a que muchos informales tuvieron algún día un título, pero no pudieron lograr una licencia ambiental.

Reglas claras

Respecto a los trámites asociados a licenciamientos, permisos, consultas y demás, para que haya inversión en minería, el viceministro enfatizó que, si se cuenta con minerales críticos y estratégicos, se requiere talentos para solucionar esos temas, para que “no quede únicamente al capricho de una persona”, así como reglas y seguimientos rápidos. 

Por ello Luis Madriñan recordó que la semana pasada lograron la derogatoria de los 15 Distritos Mineros Especiales (Resolución 40579 del 22 de octubre de 2026 del Minminas), 14 de ellos declarados este año, los cuales sumaban más de 5.3 millones de hectáreas (5% del territorio nacional) en Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Nariño, Valle del Cauca y el litoral Pacífico. 

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“De mineros no tenían nada, sino el nombre, eran 15 distritos de cómo acabar la minería en el país, de hecho no se afecta nada con su derogatoria”, apuntó.

Gremios con buenas expectativas

La gerente de la Asociación de Coquizadores de Norte de Santander (Asocoquizadores), Angélica León, manifestó que, ante los planteamientos del Gobierno, tiene las expectativas de recuperar la competitividad, reconquistar los mercados perdidos y posicionar nuevamente el coque del departamento, apetecido por ser bajo en fósforo, a nivel internacional, por lo que espera que el respaldo expresado hacia la industria se traduzca en acciones concretas. 

Frente a la nulidad de los Distritos Mineros, León sostuvo que representa una oportunidad para recuperar la seguridad jurídica y la confianza de los empresarios, pues, esta decisión traerá mejores condiciones para desarrollar la actividad, generar empleo y fortalecer un sector fundamental para la economía regional y nacional.

Para la gerente de la Asociación de Carboneros de Norte de Santander (Asocarbonor), Yaneth Serrano, se viene una dinámica interesante para el sector, por las necesidades que tienen los mercados nacional e internacional en materia energética.

Expresó que, mediante la articulación con las entidades gubernamentales, esta industria puede crecer, para aportarle más regalías al país y al departamento, para aumentar la inversión social.

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Giro en la transición energética

Mientras el gobierno de Gustavo Petro, en los últimos años, implementó política por una transición energética sin carbón y petróleo, la administración de Abelardo de la Espriella le dio un giro y ve necesario este mineral para ese propósito. 

“El carbón es fundamental para la transición energética. Un panel, el 30% de sus componentes está hecho a base de carbón. Una turbina a eólica, que requiere 400 toneladas de hierro, necesita 12 toneladas de carbón para fundirse”, subrayó Luis Madriñan. 

Angélica León aplaudió la nueva visión, porque considera que la transición debe abordarse desde una perspectiva más amplia, reconociendo que no se trata de elegir entre el carbón y las energías renovables, sino de garantizar la seguridad energética, la competitividad y el desarrollo económico del país.

“Nos da tranquilidad que este Gobierno reconozca el papel fundamental del carbón y el coque como materias primas estratégicas para avanzar en la transición energética”, concluyó la gerente de Asoquizadores. 

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